Opiniones Jurídicas

La tramitación de los contratos complementarios, diferencia en cantidades de obra y rubros nuevos, corresponde a la contratante, incluido sus requisitos (certificación presupuestaria, informes, autorización y aprobación).

La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la CNJ, en resolución del 19 de enero de 2024, dirimió la competencia para el conocimiento de ejecución de laudos arbitrales en contra de entidades públicas a favor de las Unidades Judiciales de lo Civil del domicilio del ejecutado, siendo incompetente el Tribunal Contencioso Administrativo para este tipo de acciones.

Con esta acertada Resolución 05-2023, se aclara definitivamente que el plazo para presentar la acción contencioso administrativa (iniciar la demanda) en asuntos derivados de actos administrativos emitidos durante la ejecución contractual es de 5 años, y que la acción es especial y no subjetiva o de plena jurisdicción.

La forma de pago mensual de la fiscalización es correcta y proporcional solamente en un escenario hipotético ideal, en el que el contratista de obra avanza y ejecuta la obra sin retrasos ni incumplimientos, solo así la fiscalización podría cobrar mensualmente lo suficiente para cubrir sus gastos mensuales de personal técnico, auxiliar y misceláneos.

En caso de no existir un porcentaje de avance en la ejecución del contrato de obra, se reconocerá al fiscalizador, por su informe que incluya la valoración técnica y económica de los recursos efectivamente empleados por la fiscalización.

En los contratos de fiscalización de obra se establecen cláusulas que permiten identificar:

La forma de pago mensual de la fiscalización es correcta y proporcional solamente en un escenario hipotético ideal, en el que el contratista de obra avanza y ejecuta la obra sin retrasos ni incumplimientos

Contrastando lo anterior con el criterio que recoge la Regla Jurisprudencial de la Corte Constitucional (No. 030-18-SEP-CC) se puede evidenciar que dicho criterio es pertinente para revisar la nulidad de los actos favorables pero regulares, sin embargo resulta improcedente para analizar la legitimidad de los actos favorables pero nulos de pleno derecho como lo es el caso del otorgamiento de un nombramiento regular sin concurso previo.

El Procurador General del Estado, mediante Oficio No. 01681 de 10 de abril de 2023, se pronunció sobre aspectos formales y sustanciales que deben ser observados en el procedimiento de liquidación de una empresa pública, debido a que no existe normativa precisa que guíe las actuaciones del Liquidador o Directorio en estos casos.

De acuerdo con la Teoría del Órgano Administrativo, en términos de cumplimiento de obligaciones previamente contraídas, es irrelevante la persona física que ejercía o ejerce determinado cargo o puesto en una administración pública, pues toda actuación ejecutada es atribuible al órgano administrativo en el cual se encuentra prestando servicios (imputabilidad del órgano).

El segundo inciso del artículo 39 de la LOSNCP, expresamente indica que se deberá domiciliar la persona jurídica extranjera en el Ecuador para ejercer actividades de consultoría. Además, para celebrar estos contratos deberá inscribirse en el RUP, artículo 37 LOSNCP.

La composición de estos costos, dependiendo si es consultor individual o persona jurídica, determinará el valor total o precio del contrato, previa negociación de la oferta.

la declaratoria administrativa de lesividad es un acto que no produce efectos jurídicos directos para los interesados cuando declara que para la Administración el acto es ilegítimo pero que, por no poder revocarlo, decide el planteamiento judicial de la pretensión para que este acto sea invalidado en sede judicial

El referido segundo inciso del artículo 28 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público es claro al indicar que las vacaciones se conceden a los servidores públicos por la autoridad nominadora